Justicia para la Mujer en Riesgo

Hace pocos días, mediante resolución administrativa, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictaminó que, desde el 1 de octubre, el 2do. juzgado de Familia se convierte en Juzgado de Trabajo, lo que significa aumentar la carga procesal y poner en riesgo la atención oportuna a los casos de violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar.

Esta medida, que reduce a la mitad la capacidad de atención de la justicia en Apurímac, expresa un claro retroceso en materia de atención a la mujer, en tanto la violencia ha seguido en aumento, considerando además la gravedad que hoy tiene este tema en el contexto de la cuarentena a la que nos ha sometido la pandemia del Coronavirus.

Sin embargo, este no parece ser un hecho aislado. Hace casi un año, que las autoridades regionales no han podido resolver una gestión del Consejo Regional de la Mujer, para implementar una sala de acogida temporal en la Comisaría de Familia, para las mujeres que se acercan a denunciar actos de violencia y que deben volver a casa con su agresor.

Es decir, mientras en el mundo crece la conciencia sobre la necesidad de proteger a la mujer de la violencia machista, y respecto a la construcción de relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres, en Apurímac, las autoridades no encuentran las condiciones para concretas estas políticas públicas en favor de la sociedad.

La región exige justicia oportuna para las mujeres

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