Editorial: 2017-10-31

En agosto de este año el gobierno del presidente Kuczinsky promulgó el Decreto Supremo 085-2017/PCM declarando el estado de emergencia en los distritos de Mara, Haquira y Chalhuahuacho, en Cotabambas. Según el ejecutivo, dicha medida se sustentaba en la necesidad de evitar actos de violencia en estas localidades.

Como es sabido, en Cotabambas se viene explotando el proyecto cuprífero más grande de la historia del Perú: Las Bambas. Sin embargo, el 2015 y el 2016, se realizaron modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental, que al ser conocidas por el pueblo de Cotabambas, generaron un conflicto que produjo la muerte de 4 personas, numerosos detenidos, heridos y decenas de líderes denunciados, así como la declaración del primer estado de emergencia de estos años de pos-violencia política de los años 80.

Este conflicto, que involucra a la empresa MMG, al Frente de Defensa de Cotabambas, la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental, y ciertamente al Estado, se ha intentado encarar a través del diálogo en diferentes mesas de trabajo por la insistencia de las organizaciones sociales, que esperan que el diálogo sirva para el efectivo cumplimiento y respeto de los acuerdos arribados con la empresa.

No obstante, según las mismas organizaciones, a la fecha no hay un cumplimiento serio de la mayoría de estos compromisos. De hecho, en agosto último, debido al polvo que levanta el continuo traslado del mineral en caravanas de 250 camiones que recorren diariamente las comunidades, y de la forma en que esto afecta la salud de las personas y sus animales, la población de Mara decidió bloquear la carretera, como una medida de protesta.

Ante ello, el ejecutivo declaró el estado de emergencia, restringiéndose diversos derechos constitucionales, entre ellos la libertad de reunión y libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio. Esta decisión llevó a las organizaciones a levantar su medida de lucha, normalizándose por tanto el traslado del mineral por MMG.

Sin embargo, las restricciones de los derechos fundamentales generadas por el estado de emergencia, han llevado a la parálisis a las organizaciones de estos distritos, prohibiéndoles cualquier tipo de reunión o acción colectiva, incluso el ayni para sus labores agrícolas. A pesar de haber vuelto la calma a la zona, el ejecutivo prorrogó el estado de emergencia, incluyendo a Chumbivilcas de Cusco, para los meses de setiembre y octubre.

De ahí que los dirigentes de estas localidades se pronunciaron señalando la no existencia de razones para mantener y menos prorrogar dicha medida que viene afectando los derechos de los cotabambinos. De ahí que los mismos dirigentes han exigido al ejecutivo la derogatoria inmediata de esta medida.

Desde Llaqtanchispaq alentamos al ejecutivo oír la voz de los pueblos toda vez que estas medidas de excepción no se corresponden con la realidad actual que este pueblo vive. Los hasta ahora 5 estados de emergencia declarados en esta zona, no hacen más que afectar derechos, y sobre todo, acrecentar la desconfianza de estos pueblos hacia el Estado.