Editorial: 2017-10-06

Nuevamente en nuestra patria, tenemos que volver a escuchar del famoso “indulto” al condenado y hoy en prisión, ex presidente Fujimori. Y es que, a pesar de que la nueva jefa del gabinete,  Mercedes Aráoz, dice que el tema no está en agenda, desde diversas tiendas políticas vienen desfilando y afirmando que “si el presidente lo decide, apoyarían esa medida”.

Por un lado se tiene claro que esto no es sino un nuevo e inútil esfuerzo del presidente Kuczynski por congraciarse con el fujimorismo que maneja el congreso, con quienes además comparte los mismos valores y el programa económico.

Sin embargo, no es solo un problema de negociados entre políticos. Esto puede devenir además en un gravísimo problema jurídico, que afecte el sentido de la justicia, de la política misma y la gobernabilidad del país.

Como bien ha recordado el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, el caso Fujimori está cerrado desde el punto de vista jurídico, habiéndose cumplido con el debido proceso. Cabe entonces recordar, los principales casos por los cuales el expresidente Alberto Fujimori recibió sentencias condenatorias por parte del Poder Judicial del Perú:

Caso 1. El 2007 la Sala Penal determinó que Fujimori ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de la esposa de Montesinos. Fue condenado por Usurpación de Funciones a 6 años de prisión. Se presume que el ex presidente desapareció varios ‘vladivideos’.

Caso 2. El 2009 se dictó la segunda sentencia y se le impuso 25 años de prisión por las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos. También se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado de 1992.

Caso 3. Alberto Fujimori reconoció el delito de peculado, al entregar 15 millones de dólares del Estado peruano para a su ex asesor, Vladimiro Montesinos. La Sala le impuso 7 años y 6 meses de cárcel.

Caso 4. Ese mismo año se le sentenció por el Delito de corrupción, espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y compra de congresistas. Se le condenó a 6 años de cárcel y al pago de una reparación civil a las víctimas del famoso ‘chuponeo’.

En ese marco, cabe señalar que según algunos especialistas, el indulto contraviene las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano. Asimismo, que constituiría un acto de traición a sus electores, pues PPK debe recordar que logró asumir la presidencia, gracias al voto de quienes creyeron en su promesa de que no iba a liberar a Fujimori.