EDITORIAL: 2017-06-14

Las secuelas de la violencia política que desestructuró la economía de las comunidades campesinas, así como la política asistencialista del fujimorismo que significo “regalar pescado y no enseñar a pescar”, y la posterior ausencia de políticas públicas integrales y sostenibles agropecuarias, no impulsadas por ninguno de los gobiernos regionales, fueron factores que llevaron a los campesinos apurimeños a ver en la minería una alternativa que posibilite su desarrollo económico familiar y comunal.

De ahí, pese a que en la década pasada se iniciaron las concesiones del territorio apurimeño, y se daba en paralelo la llegada de la minería transnacional, un sector importante de campesinos de la región decidió aceptar la instalación de estos capitales mineros en sus territorios. El proyecto Las Bambas en Cotabambas y Los Chankas en Aymaraes, son dos casos en que los propios comuneros señalan haber aceptado, bajo acuerdos, estas actividades pues veían en ellos una oportunidad para salir de las situaciones de pobreza en la que se encontraban producto de la inacción del Estado.

En los años siguientes el boom minero se asentaría aún más en la región con la presencia y llegada de la mediana y pequeña minería así como la aparición de la minería artesanal, informal e ilegal, practicada en su mayoría por los campesinos. Sin embargo, y en paralelo a esta realidad, empezarían a aparecer y crecer por diversas razones los conflictos sociales que a la fecha, según la Defensoría del Pueblo, se reportan 26 casos de los cuales más de la mitad están vinculados a la actividad minero extractiva.

En muchos casos estos conflictos sociales ya tienen más de un quinquenio. Tiempo en el cual, Estado, Empresas y comunidades campesinas, por diferentes razones no han logrado ponerse de acuerdo para resolverlos sosteniblemente. Las mesas de dialogo, de desarrollo, de trabajo técnico, etc., como señalan los campesinos “no han atendido nuestros problemas”. De hecho se señala que “solo han servido para cansarnos con reuniones sin resultados”.

Y en este marco de problemas irresueltos, lo que empieza a crecer es la crítica y descontento de los líderes y lideresas de las organizaciones sociales y de las mismas comunidades campesinas frente a las actividades mineras que inicialmente habían aceptado. Dicho en términos simples, pareciera que poco a poco la posición pro-minera que caracterizó a muchos campesinos de Apurímac empieza a ser cuestionada al punto de que se empieza a escuchar con mayor recurrencia “ya no queremos minería” como se constató en Haquira, Vilcabamba y Chacña.

En este contexto, desde Llaqtanchispaq consideramos importante y urgente, como lo hemos señalado en oportunidades anteriores, que el Estado en su conjunto asuma un rol más eficiente y eficaz, pero a su vez más respetuoso y dialogante para, no solo resolver o prevenir los conflictos, sino también para trabajar políticas de desarrollo económico alternativos que se nutran de los ingresos que la minería. No abordar esta tarea que es demandada por los campesinos puede llevarnos a serios y más graves escenarios de conflictividad que podríamos estar lamentando.