Contra el Amedrentamiento

En esta editorial queremos compartir con ustedes, las ideas centrales del pronunciamiento que ha emitido la Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, en respuesta a la carta notarial enviada por la Dirección de la VII Macro-Región Policial de Cusco y Apurimac donde les piden rectificarse por las denuncias de Espinar en el caso Alto Huarca, y el Estado de Emergencia del corredor minero de Cusco – Apurimac.

Según manifiestan, esta carta notarial de la PNP busca amedrentar el trabajo que vienen haciendo en la zona del corredor minero. Por ello, se reafirman en la defensa de los derechos humanos y de los defensores de derechos humanos.

Nos dicen que rechazan esta forma de amedrentamiento en contra de su trabajo, que lo único que busca es no dar respuesta a las múltiples denuncias y quejas que legítimamente expresan los pobladores que viven en la provincia de Espinar y en los territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas o del  ámbito del corredor minero.

Afirman igualmente que es de público conocimiento que su institución ha expresado su rechazo a la existencia de Convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú, que deslegitiman y quitan credibilidad a la Policía Nacional del Perú.

Expresan el sentido inadmisible que tiene la prórroga de estado de emergencia por sesenta días en el Corredor Minero Vial Apurímac– Cusco–Arequipa, que no sería solamente inconstitucional, sino que se utiliza como estrategia para silenciar el legítimo derecho a la expresión de las poblaciones de dichos territorio.

De igual forma, aclaran que hay ya una investigación en curso ante la Fiscalía Superior de Cusco, contra la Fiscal Provincial Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra por abuso de autoridad, y contra el personal de seguridad de la Empresa Minera Glencore – Antapaccay, por la intervención violenta sucedida el día 3 de abril del 2018 en uno de los sectores de la comunidad de Alto Huarca, Espinar.

Finalmente, le recuerdan al Estado que es también su obligación garantizar que los y las Defensores de Derechos Humanos, puedan desarrollar sus actividades sin temor a represalias, y que denunciarán públicamente cualquier restricción a su labor, solicitando a las instancias respectivas se garantice su trabajo como organización defensora de los derechos humanos, haciendo además responsable al Estado peruano, de cualquier situación que pudiera ocurrir en contra de la integridad de los defensores de derechos humanos de su organización.

¡Garantías para los Defensores Ahora!